CORTE RESUELVE QUE DEMANDA CONTRA BUENOS AIRES PARA ABRIR NATATORIO, TRAMITE EN TRIBUNAL BONAERENSE
La Corte Suprema de la Nación decidió que trámite ante la justicia en lo criminal de la provincia de Buenos Aires una acción de amparo presentada para que, frente a las restricciones por la pandemia de coronavirus, se autorice funcionamiento del natatorio en un club de la ciudad bonaerense de Chascomús.
En coincidencia con el dictamen de la procuradora fiscal Laura Mercedes Monti, la Corte resolvió a favor del Tribunal en lo Criminal Uno de Dolores un “conflicto de competencia” con el Juzgado Federal de esa localidad.
Todo se inició cuando el presidente del Club Deportivo Chascomús, Juan Augusto Casullo, pidió que se declare la inconstitucionalidad del decreto provincial 270/21, la resolución de la Jefatura de Gabinete de Ministros provincial (local) 1.555/21 y de “las normas que ordenan el cierre de natatorios”.
Expuso que el funcionamiento del natatorio es “la principal fuente de ingresos para profesores y empleados” y que, en caso de permitirse su reapertura, se hará “bajo las medidas de seguridad y protocolo correspondientes”.
La demanda invocó los derechos constitucionales “a la vida, a la salud, a trabajar, a ejercer actividad lícita, a comerciar y a la propiedad privada”, sostuvo que “no existe evidencia científica que avale gran cantidad de contagios producidos por el virus SARS CoV-2 en esos espacios” y marcó las diferencias con el conurbano bonaerense.
En el dictamen, al que se remitió el máximo tribunal de la nación, Monti descartó que se tratara de una cuestión de competencia originaria de la Corte, porque “se rige por el derecho público local o derecho común” y por lo tanto “las provincias deben ser demandadas ante sus propios jueces”.
Agregó que “la demanda se dirige a cuestionar prioritariamente conductas y actos emanados de autoridades de la provincia de Buenos Aires, sin que se encuentre en juego la interpretación y aplicación de normas de carácter federal en forma directa e inmediata”.
El fallo de la Corte fue firmado por su presidente Carlos Rosenkrantz y los ministros Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.
