SUSPENDEN LA AUDIENCIA PREVIA AL JUICIO POR LA MASACRE DE WILDE

Un tribunal suspendió la audiencia previa al juicio prevista para el 20 de marzo próximo por la denominada “Masacre de Wilde, un caso de gatillo fácil cometido hace 26 años y en el que mataron a cuatro inocentes, debido a la emergencia sanitaria que se declaró por el coronavirus y a que uno de sus jueces está de licencia por aislamiento relacionado a la pandemia.

La viuda de una de las víctimas lamentó la nueva postergación que dilata la realización del juicio por un caso que ya lleva 26 años y pidió que la audiencia se realiza mediante videoconferencia o con la utilización de cualquier otra tecnología.

El fallo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Lomas de Zamora indicó que la decisión se basa en lo resuelto ayer por la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires -decretó asueto hasta el 31 de este mes- y las licencias otorgadas previamente por la Gobernación.

“(…) encontrándose el Dr. Jorge Camino de licencia en razón de ello hasta el 23 de marzo del año en curso, y a efectos de salvaguardar la salud de magistrados, funcionarios, empleados del Poder Judicial, como así también la de los abogados e imputados en autos, ante la emergencia sanitaria que hoy nos encontramos transitando, resulta imposible la sustanciación de la audiencia”, indicaron los otros jueces del TOC, Claudio Fernández y Marcelo Dellature, y el secretario Sebastián De Césare.

Ante esta suspensión hasta nuevo aviso, Raquel Gazzanego, viuda de Edgardo Cicutin, una de las víctimas de la masacre; dijo a Télam que “no se puede entender que en estos tiempos donde la tecnología está al alcance de todos, que se pueden realizar video llamadas, hay plataformas web para dictar clases y un simple médico te puede diagnosticar online, la in-justicia siga impidiendo la realización de una simple audiencia preliminar”.

El 5 de marzo último, esta audiencia había sido confirmada por el mismo tribunal, que rechazó un pedido de postergación del abogado Roberto Fernández, defensor oficial de los ex policías Osvaldo Lorenzón, Eduardo Gómez y Marciano González, quienes estarán en el banquillo de los acusados junto a Roberto Mantel, Hugo Reyes, Pablo Dudek, Julio Gatto, Marcelo Valenga y Marcos Rodríguez.

Según había planteado el letrado, uno de los motivos que lo llevó a pedir la postergación de la audiencia era que se hizo cargo del caso en diciembre de 2019, cuando estaba preparando otra defensa en otra causa que tenía repercusión pública, y que necesitaba “tiempo” para analizar la “voluminosidad” del expediente y “los innumerables planteos” realizados en el marco de la investigación que ya lleva 26 años.

Sin embargo, el TOC 3 coincidió con el abogado Ciro Annicchiarico, representante de Gazzanego, quien se opuso porque aquello “volvería a dilatar la marcha de este proceso, ya de por sí dilatado y entorpecido de manera insoportable desde que la Suprema Corte de Justicia de la provincia resolviera el 23 de noviembre de 2013 que debía efectivizarse el juicio por atroces hechos”.

Tanto los ex comisarios Mantel, Reyes y Gómez, como los ex subtenientes González y Dudek, y los ex oficiales Gatto y Valenga y Lorenzón, llegarán al juicio oral en libertad.

En tanto, el ex cabo Rodríguez es el único que está preso porque permaneció prófugo 20 años y fue detenido en 2014 en Córdoba.

En el debate, los acusados deberán responder por los delitos de “cuádruple homicidio simple y un homicidio simple en grado de tentativa”, ya que una de las víctimas logró sobrevivir.

La “Masacre de Wilde” ocurrió el lunes 10 de enero de 1994, cuando policías de la entonces Brigada de Lanús persiguieron a los ocupantes de dos autos, presuntamente al confundirlos con un grupo de delincuentes que buscaban, y los asesinaron a balazos.

Las víctimas fueron el remisero Norberto Corbo y sus pasajeros Claudio Mendoza y Enrique Bielsa, quienes viajaban a bordo de un Peugeot 505, y el vendedor de libros Cicutín, que se trasladaba en un Dodge 1500, conducido por Claudio Díaz, el único que sobrevivió al ataque.

De acuerdo a los peritajes, ambos vehículos y las víctimas recibieron unos 200 impactos de bala calibre 9 milímetros disparados con pistolas y al menos un subfusil Uzi.

En principio, los once policías que intervinieron en el hecho fueron detenidos, pero luego la Cámara de Apelaciones y Garantías los liberó y finalmente fueron sobreseídos.

Tras apelaciones de familiares de las víctimas, en 2003 y en 2007 volvieron a ser sobreseídos por la misma medida, pero luego la causa siguió su curso hasta la Suprema Corte de Justicia bonaerense ordenó reabrir el expediente.