Una historiadora e investigadora del Conicet dio detalles sobre la responsabilidad de varias empresas automotrices e industriales en actos represivos durante la \u00faltima dictadura militar, en el marco del juicio unificado por los delitos cometidos contra casi 500 v\u00edctimas alojadas en tres centros clandestinos de detenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Se trata de Victoria Basualdo, quien declar\u00f3 ayer como testigo de contexto ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que desde el 27 de octubre \u00faltimo juzga a 18 represores, entre ellos Miguel Etchecolatz, por los secuestros, torturas, cr\u00edmenes y abusos sexuales cometidos contra casi 500 v\u00edctimas alojadas en 3 centros clandestinos de detenci\u00f3n durante la \u00faltima dictadura militar.<\/p>\n\n\n\n
Los centros investigados son los que funcionaron en dependencias de la Polic\u00eda Bonaerense: el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y el que funcion\u00f3 en la Brigada de Lan\u00fas y fue conocido como \u00abEl Infierno\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
Basualdo, investigadora del Conicet y Doctora en Historia por la Universidad de Columbia, explic\u00f3 el accionar de 25 empresas durante la \u00faltima dictadura y detall\u00f3 espec\u00edficamente lo que sucedi\u00f3 en las compa\u00f1\u00edas Mercedes Benz, en su planta de Gonz\u00e1lez Cat\u00e1n; Saiar, en Quilmes; Molinos R\u00edo de la Plata, en Avellaneda; Astillero R\u00edo Santiago, en Ensenada y Peugeot, en la localidad de Berazategui.<\/p>\n\n\n\n
\u00abHubo articulaci\u00f3n militar-empresarial\u00bb, afirm\u00f3 Basualdo y cuestion\u00f3 el t\u00e9rmino \u00abcomplicidad\u00bb por entender que con esa descripci\u00f3n se \u00abalude a un acompa\u00f1amiento secundario que parece descontar que las empresas lideraron procesos\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
\u00abHay casos concretos donde las empresas acompa\u00f1aron y fueron co-responsables de los procesos represivos\u00bb, advirti\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
La especialista dio detalles de una investigaci\u00f3n realizada sobre el accionar de 25 empresas durante esa etapa del pa\u00eds, en las que casi 900 trabajadores de esas firmas fueron v\u00edctimas de terrorismo de Estado y que permiti\u00f3 establecer que \u00abun 88% de los secuestros de trabajadores se dio en sus lugares de trabajo\u00bb y que \u00abel 76% de las empresas entreg\u00f3 informaci\u00f3n privada de los trabajadores y listas de delegados a fuerzas represivas\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
\u00abEn un 52% hab\u00eda presencia de cuadros empresariales en detenciones, secuestros y torturas; el 48% hizo aportes econ\u00f3micos a las fuerzas represivas; un 36% realiz\u00f3 pedidos de detenci\u00f3n de trabajadores y un 32% de los secuestros de trabajadores se dio cuando se trasladaban de la f\u00e1brica a sus casas\u00bb, apunt\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
Luego Basualdo aport\u00f3 informaci\u00f3n sobre los secuestros de trabajadores en Mercedes Benz, dos de los cuales son v\u00edctimas en esta causa: Enrique Reimer y V\u00edctor Hugo Ventura, quienes estuvieron cautivos en El Infierno y est\u00e1n desaparecidos. En esos casos, \u00abel personal empresarial estuvo directamente vinculado a los actos represivos\u00bb, asegur\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
Similar panorama traz\u00f3 sobre la firma Saiar en Quilmes, donde tambi\u00e9n fue secuestrada una victima cuyo caso se juzga en esta causa y Molinos Rio de La Plata, con dos v\u00edctimas en el juicio.<\/p>\n\n\n\n
\u00abEn el caso de Astillero Rio Santiago, de Ensenada, 70 trabajadores resultaron v\u00edctimas del terrorismo de Estado, entre ellos 32 desaparecidos, aunque creemos que esta cifra subestima la realidad de lo ocurrido\u00bb, precis\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
Basualdo puntualiz\u00f3 que \u00abdesde mediados de 1975 la empresa oper\u00f3 como una unidad operativa m\u00e1s de la represi\u00f3n, con una militarizaci\u00f3n impresionante de la f\u00e1brica, con secuestros en la puerta de ingreso y existencia de detenidos en la planta\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
\u00abEs un caso de involucramiento empresarial, en este caso de una empresa estatal controlada por la marina, un caso brutal, extremo\u00bb, remarc\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
El TOF 1, integrado por Walter Venditti, Esteban Rodr\u00edguez Eggers y Ricardo Basilico, comenz\u00f3 a juzgar los delitos cometidos en el Pozo de B\u00e1nfield y el Pozo de Quilmes al ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; al exdirector de Investigaciones de la Polic\u00eda bonaerense, Miguel Etchecolatz; el exm\u00e9dico policial Jorge Antonio Berges y a los imputados Federico Minicucci; Carlos Mar\u00eda Romero Pav\u00f3n, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n juzga a Guillermo Dom\u00ednguez Matheu; Ricardo Fern\u00e1ndez; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Hidalgo Garz\u00f3n; Antonio Sim\u00f3n; Enrique Barr\u00e9; Eduardo Samuel de L\u00edo y Alberto Condiotti.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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